Por: Ariel Romero
Cuando el dinero pide protección y la política queda en pausa.
Un vistazo a las esferas.
En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo las fronteras entre la esfera política y la esfera empresarial se vuelven cada vez más difusas. Ambas se necesitan, se atraen y, en ocasiones, se protegen mutuamente. Sin embargo, cuando esa relación carece de principios claros, el resultado suele ser una crisis de confianza social.
Las recientes declaraciones de un empresario santiaguero en la pasada actividad de FITUR vuelven a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el poder económico no siempre camina de la mano con la responsabilidad moral. Cuando un empresario habla desde la comodidad del éxito sin medir el impacto de sus palabras en una sociedad desigual, revela no solo una postura personal, sino una cultura empresarial que muchas veces se siente ajena al dolor colectivo.
Pero pedir a la prensa que “proteja” las informaciones para no dañar la imagen del país es cruzar una línea peligrosa. La función del periodismo no es blindar industrias ni suavizar realidades, sino informar con objetividad, equilibrio y verdad. Cuando se solicita protección mediática, lo que realmente se está pidiendo es control del relato.
Aquí es donde la comunicación pierde su esencia. La objetividad no consiste en atacar por atacar, pero tampoco en callar para no incomodar. La prensa que oculta errores, irregularidades o abusos para preservar una imagen económica deja de servir al pueblo y pasa a servir intereses particulares. Eso no es comunicación responsable; es distorsión.
Desde la política, el problema se agrava cuando los apellidos pesan más que la rendición de cuentas: una cultura donde la cercanía al poder económico parece ofrecer una especie de inmunidad moral y social. La política, en lugar de equilibrar, termina cediendo terreno ante la influencia empresarial.
Desde la fe, el análisis es aún más contundente. La Escritura enseña que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Tanto el empresario como el político administran poder, recursos y decisiones que afectan vidas humanas. La verdad no necesita ser silenciada; necesita ser practicada. Todo sistema que teme al escrutinio público debería revisarse antes de pedir silencio.
Proteger algo o a alguien, sin importar qué tan sonoro sea el apellido o la empresa, no significa callar la realidad, sino corregirla. Proteger la economía no implica sacrificar la ética. Y proteger la imagen del país no puede lograrse a costa de una prensa domesticada y una comunicación carente de objetividad.
Entre la fe y la política —y también entre la empresa y la prensa— la pregunta sigue siendo inevitable:
¿Queremos una sociedad sostenida por la verdad o una sostenida por el silencio conveniente?
